Circular 957-BIS-2020

Transcribimos a ustedes un artículo sobre la necesidad de blindar los derechos laborales, escrito por Blanca Juárez el 28 de enero de 2020 en el diario “El Economista” y que pensamos es muy importante.

Legisladores blindarán derechos laborales de policías, peritos y agentes del MP

Los senadores discutirán una reforma al Artículo 123 constitucional para que quienes sean despedidos sin justificación puedan optar por la reinstalación, algo hasta ahora no permitido.

Finalmente, el Senado discutirá una iniciativa para permitir la reinstalación laboral de los policías, peritos y agentes del Ministerio Público (MP). Ellos son los únicos trabajadores, en el ámbito público y privado, que no tienen derecho a volver a su empleo, aunque el despido haya sido injustificado.

La iniciativa de reforma al Artículo 123 constitucional lleva dos años en la congeladora, desde abril de 2018 que la Cámara de Diputados la aprobó y la envió al Senado.

Sin embargo, la Junta de Coordinación Política se comprometió con los integrantes de Uniformados Unidos a desahogarla en el primer periodo ordinario de sesiones de este 2020. “Hemos platicado con legisladores de casi todos los partidos y apoyan esta reforma”, afirma en entrevista Iván Chávez, presidente de esa organización.

El apartado B, fracción XIII del artículo 123 de la Constitución dice que policías de los tres niveles de gobierno, peritos y agentes del MP que sean separados de su cargo de manera injustificada recibirán una indemnización, pero no serán reincorporados.

En cambio, cualquier otra persona que labora al servicio del Estado o de una empresa tiene la opción de elegir un pago o su reinstalación. Siempre y cuando se acredite el despido injustificado.

Medida poco eficaz

En el 2008 el Congreso reformó ese artículo para impedir la recontratación de ese personal en la procuración de justicia. La idea era depurar a las instituciones de malos elementos para combatir la corrupción, explica Iván Chávez.

Pero “no se le dio el sentido que se esperaba, sino que sirvió como un instrumento del Estado para reprimir a los policías que estaban ya en un proceso de dignificación laboral”.

Desde hace 10 años varias corporaciones policiacas iniciaron “una lucha por sus derechos laborales”. Con diferentes manifestaciones, protestas, marchas en días emblemáticos, como el 1 de mayo, han exigido mejores condiciones de trabajo, recuerda Chávez.

De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado, esa reforma permite que por “problemas de disciplina menores o el hecho de no aprobar los controles de confianza, pueden acabar con su trayectoria profesional”.

En un análisis sobre la situación laboral de los policías y fuerzas de seguridad luego de la reforma, considera que, además, “se les ha invertido en capacitación o entrenamiento”, por lo que separarlos de sus cargos puede “afectar el bienestar de miles de mexicanos”.

Después de esos cambios, desde varios partidos se han presentado iniciativas para modificar esa parte del artículo 123. Incluso, en el 2016 la entonces Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP) propuso un proyecto de reforma en este sentido.

“El estudio comparado con otras constituciones del mundo, indica que la de nuestro país tiene un trato discriminatorio hacia las y los operadores del sistema de justicia penal”, apuntan los especialistas.

Al presentar el proyecto, en diciembre del 2016, el titular de la CNSP, Renato Sales, indicó que era “infundado que aún si el policía demuestra que fue injustamente cesado o removido, si desea volver a su trabajo porque es policía de vocación, se le dice ‘jamás podrás volver a ser reinstalado, lo único que para ti procede es la liquidación”.