Circular 1096-2020 En la presente transcribimos un escrito por Gerardo Esquivel, respecto a que hacer para reducir los costos económicos y sociales con motivo de la pandemia, el confinamiento y la crisis por la que atraviesa nuestro país en el que propo Print E-mail
Saturday, 18 April 2020 07:00
There are no translations available.

Circular 1096-2020

 

En la presente transcribimos un escrito por Gerardo Esquivel, respecto a que hacer para reducir los costos económicos y sociales con motivo de la pandemia, el confinamiento y la crisis por la que atraviesa nuestro país en el que propone acciones para mitigar sus efectos.

 

Pandemia, confinamiento y crisis:

¿Qué hacer para reducir los costos económicos y sociales?

 

“El país enfrenta una triple crisis: sanitaria, económica y petrolera. La primera debe atenderse de manera urgente. La segunda en el corto y mediano plazo. La tercera tiene implicaciones de mediano y largo plazo. En lo que sigue, me enfocaré en la segunda de estas crisis, con referencias tangenciales pero inevitables a las otras dos.

 

La crisis sanitaria está en proceso. Como se sabe, aún no hay una vacuna contra la enfermedad COVID-19, es altamente contagiosa y tiene una tasa de letalidad de 6%. Sin embargo, gracias a experiencias del pasado y de otros países, sabemos que esta puede contenerse con medidas de higiene y de distanciamiento social.

 

El problema con el confinamiento es que tiende a aumentar los costos económicos y, por tanto, agrava la segunda crisis. Es sabido que esta es la forma más eficaz de reducir el costo económico de la crisis sanitaria en el largo plazo. Sin embargo, no podemos ignorar los costos que esto representará en el corto plazo.

 

Ahora bien, partamos de lo que ya sabemos: como resultado de la pandemia y de las acciones para combatirla, ocurrirá una recesión global. De esta recesión no sólo no podremos escapar, sino que seremos más afectados que otros países. Esto último será el resultado ineludible de una combinación de diversos factores.

 

En primer lugar, porque somos una economía muy abierta y nuestro sector manufacturero está estrechamente vinculado con el de otros países a través de las cadenas globales de valor. Estas cadenas, como se sabe, se han interrumpido parcialmente desde febrero y tardarán algún tiempo en restablecerse en forma plena.

 

En segundo lugar, porque la economía mexicana se verá afectada por múltiples canales. Por ejemplo, los flujos de turismo nacional e internacional se verán afectados por un tiempo indeterminado. Lo mismo ocurrirá con las remesas que se reciben del exterior. A esto debemos sumar el impacto negativo de la caída de los precios del petróleo.

 

En tercer lugar, porque la economía mexicana, a diferencia de los países desarrollados, no cuenta con estabilizadores automáticos del ciclo económico (como el seguro de desempleo, por ejemplo). Finalmente, porque la economía mexicana arrancó el año débil de por sí, después de haber pasado por un año de estancamiento en 2019.

 

¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Es razonable tratar de implementar un programa contracíclico o de emergencia? ¿Cómo financiarlo? ¿Qué hacer exactamente? En lo  que sigue me referiré a estos temas por separado.

 

¿Quiénes serán los más afectados por la crisis?

 

Habrá 2 grandes grupos de afectados: 1) los trabajadores (formales o informales) que verán afectadas sus fuentes de ingreso durante el cierre de la economía; 2) las micro, pequeñas y medianas empresas, que tendrán problemas de liquidez debido a que seguirán incurriendo en gastos fijos, con pocos o nulos ingresos durante este periodo.

 

En un principio, estos dos grandes grupos de afectados se concentrarán en aquellos sectores identificados y clasificados como “No esenciales”. Sin embargo, debido a la interacción que existe entre los distintos sectores económicos, eventualmente una parte de las empresas de los sectores “esenciales” también podría verse afectada.

 

Una cosa debe quedar clara: si bien la pérdida del empleo podría considerarse en un principio como transitoria, es preciso asegurarse que en efecto así sea. Para ello, debe atenderse tanto el problema de corto plazo (la pérdida de ingresos) como el de mediano plazo (asegurarse que sobrevivan las fuentes de empleo).

 

La pérdida de empleos será enorme. Este proceso ya está en marcha y en los días subsecuentes se agravará aún más. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril de 2020 se perdieron 347 mil empleos formales en todo el país. Para ponerlo en perspectiva considere que esta cifra es superior a todos los empleos formales creados en 2019 (342 mil).

 

Al ritmo al que se están perdiendo empleos es posible suponer que para fines de abril se habrán perdido alrededor de 700 mil empleos en todo el país. Para valorar lo anterior, considere que en el punto más álgido de la crisis de 2008-09 se llegaron a perder 602 mil empleos en un lapso de 12 meses (junio 2008-junio 2009).

 

¿Tiene sentido un programa contracíclico o de emergencia económica?

Existen al  menos 3 temas relacionados con un programa contracíclico o de emergencia económica: la naturaleza, el alcance y la implementación del mismo. Esto es importante aclararlo desde un principio porque a veces parecería que todos están de acuerdo en una cierta política hasta que se empiezan a discutir los detalles de la misma.

 

Sobre la naturaleza de un posible programa contracíclico debe entenderse que esta es una crisis muy atípica. Es decir, no es una crisis motivada por falta de demanda, a la que se deba responder con un impulso a la misma. Si así fuera, esto nos llevaría a tratar de instrumentar una política de expansión del gasto tipo keynesiano.

 

En este caso el problema es, primero, un choque de oferta derivado del congelamiento de la economía y de la disrupción en el comercio y las cadenas globales de valor; posteriormente, como resultado de este ajuste, se espera que ocurra una cierta pérdida de empleos, de ingresos y de demanda por parte de los agentes económicos.

 

Por lo tanto, la respuesta óptima de política debería atacar ambos frentes. De no  hacerlo así, un impulso a la demanda, sin una oferta suficiente, podría contribuir a generar presiones inflacionarias o quizá sería relativamente inefectivo ante la incapacidad de satisfacer cierta demanda debido a las restricciones de oferta.

 

Por ello, debe evitarse el despido de trabajadores, la reducción de sus ingresos o el cierre permanente de empresas. Ninguna empresa que fuera viable antes de la pandemia debería cerrar de manera permanente. En ese sentido, un programa contracíclico debería atender estas dimensiones del problema.

 

En cuanto al alcance del programa, una cosa debe quedar clara: la caída del PIB será inevitable. Un programa contracíclico no logrará impedir la contracción. La razón es muy simple: el producto disminuirá como resultado del cierre temporal de actividades no esenciales. Además, la recuperación también puede ser más lenta de lo deseado.

 

Así, el objetivo del programa contracíclico no es impedir la caída de la producción y, por lo mismo, su desempeño no debe juzgarse con esa métrica. Si acaso, el programa solo logrará que la caída sea menos drástica y, sobre todo, que sea menos costosa en términos de bienestar individual y familiar. Esta debe ser la esencia del programa.

Lo otro muy importante que debe buscar un programa contracíclico o de emergencia económica es el de impedir que el cierre temporal se vuelva semi-permanente o estructural. Por eso es crucial tratar de impedir dos cosas: el quiebre de empresas y que esto a su vez ponga en riesgo la estabilidad del sistema financiero.

 

Que quede claro, no se trata de realizar un rescate indiscriminado de empresas, se trata de impedir que la crisis económica se convierta en una crisis financiera, la cual tendría consecuencias aún más onerosas para la sociedad y para el país en el mediano y largo plazo.

 

En cuando a la implementación, es importante resaltar las experiencias negativas del pasado. Ha habido ocasiones en las que, en medio de una crisis, los grandes ganadores han sido solo unos cuantos y se han aprovechado de las circunstancias para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Esto es algo que ya no debe repetirse.

 

Por lo mismo, el programa económico de emergencia no debería estar dirigido primordialmente a rescatar empresas y la mayor parte de los recursos deberían ir dirigidos hacia los trabajadores. Las empresas como tal simplemente deberían recibir una descarga temporal de compromisos económicos para prevenir su inviabilidad financiera.

 

La única excepción a este regla podrían ser las empresas de sectores especialmente afectados por la pandemia, y cuya recuperación se anticipe como más prolongada debido a un potencial cambio de conducta de los consumidores. Tal es el caso de las empresas de transporte (aéreo y terrestre), hotelería y restaurantes, entre otros.

 

¿Cómo financiar un programa de emergencia económica?

Existe un cierto debate sobre si el gobierno mexicano debería endeudarse o no para hacer frente a esta crisis. En mi opinión, este es un debate inútil y, sobre todo, equívoco. La deuda pública, medida como porcentaje del PIB, va a aumentar de manera irremediable como resultado de la crisis.

 

Lo anterior se debe a que el cociente (Deuda/PIB)= (Deuda Interna +Deuda Externa*Tipo de Cambio)/PIB. Así, este cociente va a aumentar inevitablemente como resultado de dos factores: por el aumento del tipo de cambio (lo que aumenta la deuda externa expresada en pesos) y por la caída del numerador (el PIB).

 

A lo anterior hay que agregar que es muy posible que aumente la deuda interna como resultado de la caída en la recaudación que previsiblemente acompañará la caída del PIB. El superávit primario propuesto será prácticamente imposible de lograr. Lo peor, de hecho, sería obstinarse en alcanzarlo mediante una mayor austeridad.

 

Por lo tanto, en vez de preguntarnos si deberíamos endeudarnos o no, lo que tendríamos que plantearnos es qué deberíamos estar haciendo para enfrentar de mejor manera esta situación y, una vez planteado esto, investigar cuánto nos costaría lograr alcanzar un objetivo razonable en esta dimensión.

 

Una cosa más con respecto al programa de emergencia económica: ha habido quien ha sugerido endeudarse de forma despreocupada, como si no hubiera mañana; otros han llegado a sugerir la instrumentación de una renta básica universal, la cual es inviable no sólo ahora sino incluso en el futuro cercano.

 

Esta visión es incorrecta precisamente porque lo que se quiere es que sí haya mañana. Y mañana, como se sabe, deberá pagarse el endeudamiento de hoy. Además, los países emergentes se enfrentan a restricciones que no tienen los países desarrollados. Por eso no podemos esperar acciones de envergadura similar a las realizadas por éstos.

 

¿Qué hacer?

Lo primero es reconocer que las medidas fiscales, monetarias y financieras que ya se han anunciado van en la dirección correcta. Estas medidas serán, sin embargo, insuficientes para la magnitud esperada del problema. Por ello será necesaria una segunda ola de medidas que permitan hacer frente de mejor manera a la crisis que viene.

 

En lo que  sigue, por razones obvias, no me referiré en específico a medidas que caen en el ámbito monetario/financiero y que son parte del área de responsabilidad del Banco de México. A continuación, haré simplemente una serie de propuestas de lo que considero que se necesita desde el ámbito fiscal.

 

1) Seguro de desempleo inmediato para todos aquellos trabajadores formales que perdieron su empleo a partir del mes de marzo. Este seguro consistirá del pago del 60% del salario del último empleo con un tope de hasta 3 salarios mínimos netos. Este pago podría otorgarse por un periodo de hasta 3 meses.

 

2) Un programa de protección de ingresos para los trabajadores formales que no sean despedidos, pero que acepten una reducción salarial transitoria de común acuerdo con su empleador. Este programa cubriría la diferencia entre el salario acordado y el 75% de su salarios anterior, con un tope de hasta 4 salarios mínimos.

 

3) Para las micro, pequeñas y medianas empresas que no opten por despedir o reducir el salario de sus trabajadores, se les podría otorgar un diferimiento en el pago de sus contribuciones a la seguridad social hasta por 4 meses. Las empresas que despidan trabajadores o que reduzcan el salario de sus trabajadores no serían elegibles.

 

4) Para aquellas pequeñas y medianas empresas de sectores especialmente afectados por la contingencia sanitaria (restaurantes, por ejemplo), se debería diseñar un programa especial de apoyo para el pago de rentas u otros gastos fijos.

 

5) Para el caso de los trabajadores informales que pierdan ya sea el empleo o sus ingresos por la contingencia sanitaria, deberían existir la posibilidad de que optaran por acceder a uno de los créditos que ha anunciado el gobierno o que se incorporaran a un programa emergente que les otorgaría un salario mínimo hasta por 3 meses.

 

Las medidas 1) y 2) deberían concentrarse en un principio en aquellos sectores considerados como no esenciales. Estos sectores han sido los más afectados por el cierre de actividades. La medida 3) estaría diseñada fundamentalmente para los sectores esenciales, los cuales, al menos en principio, siguen parcialmente activos.

 

La medida 4) estaría diseñada para aquellos sectores que serán especialmente afectados por la contingencia y cuyo retorno a la normalidad pueda tardar más por la naturaleza de sus actividades. La medida 5) estaría orientada plenamente a los trabajadores informales.

 

Estas medidas, sumadas al programa de créditos anunciado por el gobierno, cubrirían a un sector muy importante de la población que se vería afectada por la pandemia y por las acciones orientada a su control. Una estimación simple de los costos de estas medidas adicionales sugiere que podrían fluctuar entre 0.8% y 1.2% del PIB.

 

Este costo es perfectamente asequible para un país como el nuestro. No aumentaría significativamente la deuda y no se convertiría en una carga insostenible para el futuro. Su costo estaría acotado y los beneficiarios estarían claramente definidos. No sería un rescate de empresas inviables ni se trataría de un despilfarro de recursos públicos.

 

Un programa de emergencia de esta naturaleza ayudaría a reducir los costos personales y sociales de la crisis económica que se avecina. Al contribuir en la reducción de los costos laborales de algunas empresas, también les ayudaría a subsistir y a no quebrar. Por lo mismo, contribuiría a que el retorno a la normalidad fuera más acelerado.

 

La crisis que viene no será similar a la de 1994-95. Esa crisis fue terriblemente costosa: el aumento de la pobreza y la destrucción de riqueza fueron enormes. A ello contribuyó, entre otras cosas, la inflación que le acompañó. Ahora de una cosa podemos estar seguros: la crisis no vendrá acompañada de un proceso inflacionario.

 

A pesar de ello, el costo económico y social de la contracción que se avecina no será menor. Para minimizar este costo se requerirían acciones decididas y soluciones novedosas. Sin embargo, como dijera Keynes, la dificultad a veces no reside en desarrollar nuevas ideas sino en abandonar las viejas. Las circunstancias actuales lo exigen.”

 

 

Unámonos en un Gran Acuerdo Por México