Circular 1379-2020 Transcribimos un articulo escrito por Felipe Morales Fredes y Gerardo Hernández, publicado el 09 de septiembre 2020 en “El Economista” en relación con el tercer raund por tope salarial. Imprimir Correo electrónico
Jueves 10 de Septiembre de 2020 10:52

Circular 1379-2020

Transcribimos un articulo escrito por Felipe Morales Fredes y Gerardo Hernández, publicado el 09 de septiembre 2020 en “El Economista” en relación con el tercer raund por tope salarial.

Tercer round por tope salarial: Autónomos insisten en ganar más que el Presidente

El Poder Judicial y órganos autónomos como el INE, el IFT y la Cofece pidieron mantener sus salarios por encima de lo que gana el titular del Ejecutivo en el 2021; estarían por arriba 34 tipos de cargos públicos.

En medio de dos conflictos pendientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el tope de los salarios de los funcionarios públicos, los órganos autónomos insistirán en tener sueldos superiores al del Presidente de la República en el 2021.

Los institutos Nacional Electoral (INE) y Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Poder Judicial pidieron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 mantener el nivel de salarios que han obtenido vía recursos legales en los últimos dos años, pero no sólo para sus titulares, sino también para sus mandos superiores. En suma, 34 cargos tendrían sueldos por arriba de lo que percibe el titular del Ejecutivo.

La Cámara de Diputados hizo recortes a los tabuladores de los órganos autónomos y el Poder Judicial para este año, los cuales fueron impugnados ante la SCJN. Para el 2021, las instituciones piden restablecer los niveles de salarios, con incrementos de entre 20 y 25% para mandos superiores de la Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, y de entre 25 y 75% en el INE, el IFT y la Cofece, respecto a lo aprobado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

El órgano electoral es el que pide los salarios más altos, con un sueldo mensual de 181,030 pesos para los consejeros, y de 170,014 pesos para los cargos de contralor, secretario ejecutivo y directores ejecutivos y generales.

En tanto, la Secretaría de Hacienda propuso para el 2021 incrementar en 132 pesos el sueldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para ubicarlo en 112,122 pesos mensuales, un ajuste de 0.12%, y mantener sin cambio el salario de los secretarios y subsecretarios, quienes reciben 111,785 y 110,957 pesos cada mes.

Nueva ola de controversias

El Artículo 127 de la Constitución y las leyes Federal de Remuneraciones y de Austeridad Republicana establecen que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, explica Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan & Roma. Éste es el argumento con el que la Cámara de Diputados considera pertinente recortar el presupuesto solicitado por los organismos autónomos en materia de remuneraciones, como ocurrió por primera vez en el Paquete Económico 2020.

Sin embargo, expone el abogado, “la autonomía constitucional de la que gozan los organismos les da la libertad para establecer su presupuesto. A pesar de que la Cámara de Diputados tiene facultad para revisar y aprobar el presupuesto, la autonomía presupuestaria de los organismos ha permitido que se promuevan las controversias constitucionales para que se mantengan los sueldos”.

En un contexto legal, afirma Rodolfo Martínez, es posible que los organismos constitucionales puedan promover nuevas controversias constitucionales si en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2021 se recortan los sueldos solicitados.

Desde la óptica de Carlos Ferrán Martínez, socio y director de la firma Ferrán Martínez, la autonomía de gestión que tienen los organismos podría ser la vía para mantener los sueldos y los amparos contra un recorte en el presupuesto del siguiente año, tampoco podrían descartarse.

“En el mundo ideal, debería servir de algo. Pero en la realidad, no hemos dejado de ver una influencia de la Administración Pública Federal en ellos”, agrega.

¿Cuál es el sueldo del presidente?

El Artículo 127 de la Constitución también indica que las remuneraciones de los servidores públicos se componen por el sueldo recibido y lo devengado en especie, como vales de gasolina, servicio de telefonía, alimentos y todas las prestaciones adicionales al salario.

Éste fue el argumento con el que el Banco de México (Banxico), la Cofece y el IFT basaron sus controversias constitucionales al indicar que el sueldo del presidente no está bien definido en el PEF 2020; es decir, no se especificaba con claridad cuánto gana a través de prestaciones adicionales como alimentación y vivienda. De ahí que no hay claridad del tope real para las remuneraciones de los servidores públicos.

Los organismos autónomos han logrado obtener suspensiones temporales contra los topes salariales tanto en el 2019 como en el 2020, mientras la Corte resuelve el fondo del tema, lo que les ha permitido mantener sus sueldos.

El 2021 no sería la excepción en este conflicto. Manuel Fuentes Muñiz, abogado laborista y profesor investigador de la Universidad Autónoma de México (UAM), considera que el escenario legal también deja la puerta abierta para que los organismos autónomos promuevan nuevas controversias constitucionales mientras se resuelven las anteriores.

Uno de los aspectos más importantes que deberá resolver la SCJN, destaca, es el de los derechos adquiridos, pues ninguna ley puede vulnerarlos. “El salario, por tratarse de un derecho humano, debería tener una posición progresiva. Hay que recordar que los derechos humanos deben tener un sentido de mejora y si se consciente que una ley sea regresiva, sería contrario a la Constitución”, detalla.

Por su parte, desde la perspectiva de Rodolfo Martínez, es probable, aunque no es un hecho, que en lo que resta del sexenio continúen promoviéndose amparos e impugnaciones contra los presupuestos de egresos por el tema de las remuneraciones.

Sin embargo, agrega el especialista, en un panorama más real y al menos para el que viene el próximo año, donde aún se sentirán los remanentes de la crisis en la economía e incluso en la recaudación por la pandemia de Covid-19, podría esperarse un consenso con los organismos autónomos para “apretarse el cinturón” mientras las finanzas públicas se recuperan.

 

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