Su aliado estrategico

Circular 1435-2020

Transcribimos un articulo escrito por Blanca Juárez, publicado el 13 de octubre 2020 en el diario “El Economista” sobre el nuevo proyecto de reforma para regular el Outsourcing.

Reviven agenda para regular el outsourcing con nuevo proyecto de reforma

El presidente de la Comisión del Trabajo en San Lázaro, Manuel Baldenebro, presentó una iniciativa que recoge algunas de las propuestas del gobierno federal para regular la subcontratación en México.

El tema de la subcontratación resurgió en la Cámara de Diputados. Ahora el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en San Lázaro, Manuel Baldenebro, presentó una iniciativa para regularla, la cual contempla no sólo lo que él proponía en las discusiones que se apagaron a principios de año, sino lo que el gobierno federal ha planteado en la materia.

La iniciativa “acompaña” el combate a la corrupción emprendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señala el diputado federal. Busca eliminar las prácticas de “empresas simuladoras que dañan la economía” de las personas subcontratadas y al sistema de tributación.

Parte de lo que propone Manuel Baldenebro es garantizar la seguridad social de los trabajadores, invalidar los contratos que incumplan la ley y multar a las empresas defraudadoras. Además, establece tres condiciones mínimas para que esta forma de empleo sea considerada legal:

Limitada. Que no abarque la totalidad de las actividades que desarrolla el contratante.

Justificada. Es decir, que la empresa requiera ese servicio por su carácter específico, eventual o especializado y por ello pide el trabajo de personas externas.

Registrada. Que las empresas de tercerización estén inscritas en un nuevo registro federal de organizaciones outsourcing.

Luego de un parlamento abierto en San Lázaro y de un fallido dictamen en el Senado, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) propone ampliar la definición legal de outsourcing. El régimen de subcontratación laboral quedará establecido, en primer lugar, por un contrato por escrito, dice el proyecto de reforma.

La tercerización será cuando “un patrón, denominado contratista”, acuerde que una o varias personas ejecuten para él obras, servicios o cualquier otro “trabajo lícito con subordinación directa”. O bien, que el vínculo sea mediante una persona física o moral, “denominada contratante”. Sea cual sea la vía, los trabajadores y las trabajadoras deben recibir al menos un salario mínimo profesional, seguridad social y prestaciones.

Multas por subregistro de salarios

La propuesta de Baldenebro incluye la creación de un grupo interinstitucional de subcontratación laboral. Algunas de sus funciones serían:

Establecer los requisitos para poder subcontratar.

Inspeccionar cada tres meses, o de manera extraordinaria, que las empresas otorguen seguridad social y cumplan las obligaciones fiscales.

Implementar políticas públicas para prevenir la simulación, evasión y elusión de obligaciones.

Intercambiar información con el registro nacional de empresas de tercerización.

Este grupo estaría conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

También propone abrir un registro nacional de empresas involucradas en la tercerización. Sería obligatorio para las contratistas y las contratantes estar inscritas en ese padrón, el cual dependerá de la STPS. Si no lo están, sus contratos serán invalidados.

Otros motivos para cancelar su negocio de subcontratación serán la simulación, evasión y elusión del pago de las cuotas patronales al IMSS o al Infonavit, así como los impuestos al SAT. Además, de hacerse acreedores de una multa de entre 500 y 1,0000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 43,000 y 86,000 pesos.

El objetivo de esta iniciativa, dice Manuel Baldenebro es “fortalecer la modalidad de subcontratación laboral”. Pero con disposiciones legales que no afecten el salario, el pago de impuestos y el pago de cuotas se seguridad social, “atropellando los derechos laborales”.

La reforma “coadyuvará a dar certeza a la inversión, creación de empleos, competitividad y productividad”, sostiene. De esa manera, además, se cumplirán los compromisos en materia laboral establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.

Esperamos que este proyecto para reformar nuevamente a las Prestadoras de Servicios – Outsourcing, no venga a complicar el uso de una figura global que permite ser competitivo.

“Unámonos en un Gran Acuerdo Por México”