Circular 1562-2020

Transcribimos un articulo escrito Blanca Juárez, publicado el 15 le diciembre 2020 en el diario “El Economista” sobre algunos de los grandes pendientes laborales en el 2021.

Outsourcing y salarios de burócratas, dos grandes pendientes legislativos para 2021

Las cámaras de Diputados y de Senadores pospusieron para el periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero próximo la discusión de las reformas para regular la subcontratación y los salarios de los funcionarios públicos.

Este año el Congreso inició el periodo ordinario con una pandemia pisándole los talones. De febrero a abril los asuntos en materia laboral fueron pospuestos y fue hasta finales de 2020 cuando, principalmente, la Cámara de Diputados aceleró los trabajos. Pero reformas fundamentales, como la de subcontratación o la de los salarios de la burocracia, siguen pendientes porque su discusión fue pospuesta para el próximo año.

En opinión de Alfonso Bouzas Ortíz, coordinador del Observatorio de la Reforma Laboral, también urge legislar el empleo en plataformas y mejorar la regulación del teletrabajo. También es necesario proteger a las personas que laboran como demostradoras en una tienda de autoservicio.

“Nos enfrentamos a un escenario global con nuevas reglas de administración del trabajo. Pero con viejos problemas laborales que deben verse con los ojos de la modernidad”, señala en entrevista. No sólo el Congreso, sino empleadores y trabajadores tendrán “que ser receptivos a los cambios”.

Este 2020 significó el inicio de la segunda etapa de la reforma laboral, considera el reconocido laboralista. La primera se desarrolló de 2017 a 2019. “Este periodo fue fructífero, menos de lo que hubiéramos querido, pero se tocaron temas básicos que había que reformar”. Entre ellos, el teletrabajo y la reforma de pensiones.

También “se incorporaron temas que no eran viables en la primera etapa, como la subcontratación”. Sobre este asunto existen varias propuestas. Pero la que tiene el mayor peso es la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gobierno gana primer round

La dictaminación de la iniciativa de López Obrador en materia de terciarización fue pospuesta en la Cámara de Diputados hasta febrero de 2021. Pero el primer round lo ganó el gobierno federal, dice el doctor Bouzas.

El Ejecutivo federal “no pretende suprimir toda la subcontratación, pues comprende que hay una que se justifica y tiene una razón de existir, que es la de bienes y servicios”. Lo que sucede es que luego que el gobierno de Felipe Calderón permitiera ese esquema “se abusó y se abrió un mercado de subcontratación de fuerza de trabajo”.

Entonces, la iniciativa presidencial permite que las empresas subcontraten los bienes y servicios que requiere su compañía. Lo que prohíbe y sanciona es que la transacción sea de la fuerza de trabajo de las personas, reitera.

“Los empresarios dicen que va a bajar el empleo y eso no es cierto. Si dejan de emplear, quién les va a poner a funcionar sus empresas. No pueden prescindir del trabajo. Pero ahora simplemente tendrán que ser responsables”.

Tampoco se incumple con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), subraya. Al contrario, dice, a los otros países les convendrá que éste dejó de ser una competencia desleal. “Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto salieron al extranjero a venderlo como un paraíso laboral y fiscales. Y ni es ni uno ni otro, se tienen que pagar salarios dignos y prestaciones como en cualquier otro lugar del mundo”.

Otra de las quejas de la iniciativa privada es que necesitaban más tiempo para hacer las nuevas adecuaciones y el gobierno se los concedió. Y en ello va la confesión de que, si necesitan un espacio para regularizarse, es porque “llevan relaciones laborales irregulares”.

Salarios de burócratas subcontratados

La nueva reforma de subcontratación será discutida en la Cámara de Diputados hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Pero en el periodo ordinario de sesiones que concluyó este martes en San Lázaro avanzaron en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, un tema que ha generado descontento porque nadie podría ganar más que el presidente del país. Eso implica que a muchas personas les reducirán el sueldo, como ya ocurrió con su aguinaldo.

“En esto todavía no se define una política laboral, porque hay contradicciones”, comenta el académico. El gobierno es uno de los principales subcontratadores e inició su administración recortando personal por porcentaje, lo cual fue “un error tremendo”.

Posiblemente, derivado del tema de subcontratación se tenga un acuerdo sobre este tema, opina. “Me atrevería a decir que todavía no está perfilado el tratamiento que se va a dar al ejército de subcontratados”. Y la posible solución, o sea, otorgarles plazas definitivas, costaría millones.

Bajarles los salarios no es del todo adecuado, dice. “Porque deben tener garantías de que no van a ser corruptibles y eso se relaciona con un salario decoroso. No creo que en esta segunda etapa se legisle al respecto.

Congreso pide prórroga

La Cámara de Diputados ha aprobado tres veces la legislación para regular los salarios de los funcionarios públicos, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ha rechazado en dos ocasiones. Esta vez, previo a que el Senado diga la última palabra, nuevamente el máximo tribunal debe pronunciarse.

El Senado solicitó una prórroga a la Corte para aprobar las modificaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a más tardar el 30 de abril del 2021, último día del siguiente periodo ordinario de sesiones.

Los senadores argumentaron que la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con la cual se atiende la sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Corte sobre la nueva Ley, no ha logrado los consensos políticos necesarios para ser discutida y aprobada por el pleno y, además, la emergencia sanitaria ha complicado los procesos legislativos.

La SCJN ya había otorgado una prórroga al Congreso de la Unión para modificar los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a más tardar el 15 de diciembre de 2020.

En un comunicado, la Cámara Alta reconoció que las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda ya “aprobaron el dictamen correspondiente, el cual atiende puntualmente las consideraciones esgrimidas en la sentencia de mérito, con el objeto de superar el problema de inconstitucionalidad”. Pero las dificultades para lograr los consensos han dificultado su votación el pleno.

La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue promulgada en noviembre de 2018 y abrogó una legislación con el mismo nombre. Uno de los objetivos, fue fijar un tope salarial para los funcionarios con base en el sueldo del presidente, enfatizando que nadie podría ganar más que el titular del Poder Ejecutivo.

La Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos 6 y 7 de la nueva Ley, después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y senadores de oposición promovieran esta acción.

En su análisis, la Corte reconoció que los artículos vinculados a los topes salariales “permiten fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de la reforma constitucional de 24 de agosto de 2009, fue la de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático ya sea a la alza o a la baja”.

“Unámonos en un Gran Acuerdo Por México”