Circular 1702-2021

Transcribimos un artículo escrito por Blanca Juárez publicado en el diario “El Economista” el día 02 de marzo 2021, que trata sobre El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y la defensa de los trabajadores en virtud de la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Trabajadores ya pueden utilizar los servicios de asesoría jurídica laboral del IFDP

Tras la publicación de los ajustes internos en el DOF, la Defensoría Pública puso en marcha los servicios de la especialidad de asesoría jurídica en materia del trabajo como parte de los acuerdos de la reforma laboral de 2019.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) comenzó ya a brindar asesoría jurídica gratuita en materia del trabajo dentro de sus servicios. Las personas que necesiten una orientación o representación legal por un conflicto en su empleo ahora cuentan también con el respaldo de las nuevas abogadas y abogados especializados contratados por la institución.

Hasta ahora, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) era la única instancia de asesoría a nivel federal. Pero la reforma laboral de 2019 le ordenó al IFDP que también participe en estas tareas con el fin de garantizar los servicios de representación legal para las personas que no pueden pagar un abogado.

En el artículo 685 Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT) quedó establecido que “los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado”, de la Profedet o del IFDP, “que asuma su representación jurídica”.

Aunque es posible la duplicidad de funciones entre ambos organismos, reconoce Ayesha Borja Domínguez, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del IFDP. Para evitarlo, acordaron que la Procuraduría asesore a las personas trabajadoras en la etapa de conciliación, la cual ya es un requisito legal prejudicial. En caso de que no se logre un arreglo entre las partes, el caso pasará a los nuevos tribunales laborales y en esa fase el IFDP brindará el acompañamiento jurídico.

Además, mientras la Profedet se limita a apoyar a trabajadoras y trabajadores, el IFDP también puede orientar a personas empleadoras en conflictos laborales. La única condición es que sus ingresos no superen los 12 salarios mínimos diarios, lo que equivale a más de 51,000 pesos al mes.

Las personas trabajadoras podrán buscar por su parte la asesoría del instituto. O bien, una vez agotada la opción de la conciliación, un tribunal designará a la Profedet o al IFDP como acompañante del caso.

Línea Defensatel

Desde diciembre pasado, cuando el instituto comenzó a otorgar consultoría laboral vía telefónica han recibido 65 asuntos, informa Ayesha Borja. “La mayoría, 42, han sido orientaciones, 12 asesorías y 11 representaciones en los estados en los que ya se implementó la reforma laboral”. Estos números, dice, reflejan que muchos casos se han quedado en la etapa conciliatoria.

La mayoría de los acompañamientos, detalla, ha sido para personas despedidas o beneficiarias de trabajadores que fallecieron y reclaman algún pago. La crisis por la pandemia de covid-19, por la que han muerto miles de personas trabajadoras y otros millones de empleos se han perdido, se está reflejando en las asesorías del instituto, comenta la funcionaria.

“Nosotros participamos cuando el juez lo determine, pero si hay un conflicto de interés porque ya previamente estábamos asesorando a la otra parte de ese mismo caso, lo canalizaríamos a la Profedet”, explica.

También brindan asesoría, “aunque sea un asunto local que, en los hechos, no nos tocaría ver”. Lo mejor es llamar a Defensatel, sugiere, una línea telefónica de atención las 24 horas los 365 días del año. Quienes toman la llamada son abogados o abogadas. El número es (800) 224-2426 y es “una gran herramienta en tiempos de pandemia”.

Las nuevas defensoras y defensores

El pasado 5 de febrero el IFDP publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se crea la especialidad de asesoría jurídica en materia laboral. Hasta ahora, el instituto no contaba con personal especialista en el tema.

El 1 marzo de 2020 abrió la convocatoria. Luego de un proceso de selección, 39 personas fueron las elegidas como defensoras y defensores y 39 como oficiales, “que son sus segundos a cargo”. El salario mensual para los primeros es de 60,000 pesos mensuales; para los segundos, 20,000 pesos al mes.

Esa remuneración dignifica el trabajo de las nuevas defensoras y defensores laborales, corresponde a su profesionalización y cierra la puerta a posibles actos de corrupción, señala.

En el reclutamiento participaron personas “externas” al Poder Judicial Federal, quienes cursaron una especialización en la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Además de aprobar las asignaturas y comprobar experiencia mínima de tres años litigando en materia laboral, debieron pasar por un filtro de entrevistas.

Algunas defensoras y defensores del instituto participaron en el proceso, quienes también tomaron los cursos, pues su experiencia era en materia penal. Además, “se invitó a enviar su currículum a aquellas que concursaron para ser titulares de un juzgado laboral o de las secretarías de acuerdo y quedaron en la última etapa”.

El “Consejo de la Judicatura rápidamente atendió la necesidad de formación de este personal”, apunta Ayesha Borja Domínguez. Los cursos han tenido muy buena convocatoria, en la tercera generación se inscribieron 8,000 personas. “No todas continúan, la especialización no es cualquier cosa. Tienen que aprobar un curso propedéutico primero, y luego los diferentes módulos con una calificación mínima de 8”.

La funcionaria adelanta que para la segunda y tercera etapa de implementación de la reforma laboral en otros estados abrirán más plazas para este personal.

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