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Sistema de justicia penal: las cartas sobre la mesa

 

A dos años de que concluya el plazo constitucional para que opere de manera integral el nuevo sistema de justicia penal, hay que insistir en las tareas que faltan: una nueva Ley contra la Delincuencia Organizada, la aprobación de la iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal e Intensificar el proceso de capacitación, certificación y profesionalización homologado de las policías.

 

Pronto se cumplirán seis años de que comenzó la instalación del nuevo sistema de justicia penal en México, cuyo objetivo inicial fue construir el entramado institucional, normativo y operativo que permitirá cambiar radicalmente la forma en que se venía administrando la justicia penal.

Vencer los obstáculos encontrados en el camino y convencer a quienes se oponían a las bondades que la Reforma trajo consigo no ha sido tarea fácil. Los impulsores de este cambio profundo (organizaciones civiles, legisladores, autoridades, académicos y operarios del sistema) hemos enfrentado fuertes resistencias, derrotado poderosos intereses e iniciado el tránsito que nos llevará a superar vicios e inercias profundamente arraigados en nuestra cultura jurídica.

A dos años de que concluya el plazo constitucional para que opere de manera integral el nuevo sistema, las organizaciones de la sociedad civil que nos hemos involucrado de manera activa y comprometida en el proceso, acumulamos en nuestro haber un cuantioso catálogo de experiencias, iniciativas y propuestas que han contribuido a darle forma, contenido y dirección a esta importante obra de transformación institucional que debe concluir en 2016.

 

	a) Consolidar lo alcanzado. El Sexto Foro sobre Seguridad y Juticia Pena
	b) Tres mitos de la relación entre justicia y seguridad
	c) Sólo en 3 estados opera el nuevo sistema de justicia mexicano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin restarle importancia a ninguna de las tareas emprendidas, quiero destacar el significado que tiene para nosotros la realización anual del Foro Nacional de Seguridad y Justicia, que al cabo de su sexta edición se ha consolidado como el espacio de reflexión pública y abierta a donde acuden los principales actores del sistema de justicia penal, representantes de las organizaciones civiles, académicos, líderes de opinión y medios de comunicación, para realizar una evaluación crítica de los logros alcanzados hasta el momento, de las tareas pendientes de concluir, los retos a vencer y para que las autoridades responsables respondan a la sociedad sobre las inquietudes que tienen sobre la materia y se establezcan compromisos de trabajo conjunto.

 

Como producto de esta dinámica de colaboración responsable entre ciudadanos y autoridades, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que nacido de una propuesta de las organizaciones de la sociedad civil hizo posible la homologación del proceso penal en todo el país, contribuyendo a fortalecer las bases que generan certidumbre jurídica entre las víctimas y las personas que se vean involucradas en ello, lo cual no es poca cosa.

Pero la promulgación del CNPP no cambia por sí mismo la realidad sobre la que opera el nuevo proceso penal. Para darle viabilidad y concreción a sus cometidos hace falta implementar medidas complementarias y realizar una serie de tareas inaplazables. Por razones de espacio sólo mencionaré tres de ellas:

1) La discusión y aprobación en el Congreso de la Unión de una nueva Ley contra la Delincuencia Organizada, para impedir que se juzgue con los mismos criterios y parámetros a quienes cometen delitos menores que a quienes forman parte de grupos delincuenciales.

2) La aprobación de la iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, enviada por el Jefe del Ejecutivo al Senado en marzo pasado, con el propósito de dotar al nuevo sistema de medios adecuados para promover la solución de conflictos jurídicos mediante la conciliación, los acuerdos reparatorios y medidas alternas, sin tener que recurrir a un juicio. Medidas que al aplicarse, sin duda alguna, contribuirán a disminuir la sobrecarga de tareas que tiene el Poder Judicial para permitirle orientar su atención y recursos hacia los casos que más apremian a la sociedad.

3) Intensificar el proceso de capacitación, certificación y profesionalización homologado de todos los cuerpos policiacos que existen en el país, y crear los Manuales y Protocolos que permitan delimitar y eficientar el papel que cumplirán los agentes en la investigación del delito y la atención a víctimas, pues dichas tareas también están asociadas a la consolidación del nuevo sistema de justicia.

A lo largo de estos años, desde México SOS hemos sido testigos del gran poder transformador que tiene la sociedad civil organizada al impulsar las acciones que demanda la realidad y exige el país. También, es saludable reconocer el compromiso que ha tenido el gobierno para atender nuestras iniciativas y reclamos, así como admitir que hace falta mucho trabajo por hacer, pues siguen prevaleciendo inercias e intereses que debemos superar.

No obstante, la ruta a seguir para alcanzar la meta ya está trazada, las cartas están puestas sobre la mesa. Sociedad y gobierno tenemos tareas pendientes que cumplir y compromisos que asumir para concluir los que ha sido considerado el cambio jurídico y cultural más importante del último siglo.