Magistrados en la mira

Fuente: Indigo

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En mayo de 2012, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió al magistrado José Guadalupe Luna Altamirano.

Abrió una investigación en su contra por sospechas de presuntas relaciones con el crimen organizado.

El proceso de investigación inició en la administración de Felipe Calderón, pero a diferencia de otros casos, la moción se sostuvo con el arribo del presidente Enrique Peña Nieto, no se desechó.

El mandato constitucional de inviolabilidad de poderes del Estado ha sido quebrantada en múltiples ocasiones. Los acomodos políticos han sido parte de la historia del país y por ello investigaciones similares se han desechado.

Sin embargo, la autonomía del Poder Judicial de la Federación se ha mantenido.

Y tras dos años de investigación, el Consejo de la Judicatura Federal informó el pasado 9 de julio que había iniciado procedimiento de responsabilidad en contra del magistrado.

La base del proceso de investigación, se encuentra en que el CJF detectó movimientos bancarios irregulares por casi 3 millones de pesos en sus cuentas bancarias, mismas que no reportó en sus declaraciones patrimoniales.

También fueron detectados depósitos de origen desconocido por casi 2 millones de pesos en cuentas de sus familiares.

El CJF determinó que Luna Altamirano tuvo ingresos millonarios no justificados como magistrado e hizo múltiples viajes a Colombia y Centroamérica cuando estaba al frente del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal.

En entrevista con Carmen Aristegui, el magistrado negó categóricamente tener o haber tenido alguna relación con el crimen organizado.

“Nunca he tenido ningún nexo con el narcotráfico”, sostuvo.”Jamás, jamás y eso que quede perfectamente claro, nunca jamás he tenido ningún nexo con el crimen organizado. No he tenido ningún trato, solo los conozco por los expedientes”.

El magistrado dijo que ha tenido diversas visitas de revisión desde el año 2000 y aseguró que en todas ha salido limpio.

“El que nada debe nada teme, no me he ocultado absolutamente, no he salido del país, no he salido de mi domicilio. Mi mente y mi consciencia están plenamente tranquilas. Que me notifiquen y presentaré las pruebas”, expresó.

Sobre los depósitos irregulares, dijo no tener conocimiento de su procedencia y negó que hayan sido a sus cuentas.

“A lo largo de mi carrera profesional los únicos depósitos que se han hecho son el sueldo de la Judicatura Federal”, aseguró Luna Altamirano.

No es el único caso

Indigo Staff

El jueves pasado, el  CJF determinó sancionar a un magistrado federal por presuntas irregularidades en su evolución patrimonial, ya que se detectaron movimientos inusuales en cuentas bancarias del juez Jorge Figueroa Cacho por casi 3 millones de pesos, que no fueron reflejados en su declaración patrimonial.

Fuentes del Poder Judicial Federal informaron que al menos siete jueces y magistrados son actualmente investigados por circunstancias similares, aunque se reservaron los nombres de los impartidores de justicia.

En el caso específico de Figueroa Cacho, el CJF informó que al concluirse la investigación administrativa realizada por los órganos de vigilancia de la Judicatura se detectó que dicho funcionario público realizaba depósitos a sus familiares por cantidades que superan sus ingresos mensuales.

El CJF añadió que esos depósitos -algunos en dólares- detectados en diversas cuentas bancarias de Figueroa Ochoa provenían de compañías dedicadas a la compra-venta de metales y joyas en México y en el extranjero.

Por lo que respecta a los familiares de Figueroa Ochoa, la Judicatura detectó un patrón de múltiples depósitos en moneda nacional y extranjera, por un aproximado de 6 millones de pesos, cuyo origen se desconoce.

Bajo la lupa

Los integrantes de la comisión de disciplina del CJF iniciaron desde hace dos años una puntual inspección de la evolución patrimonial de6los más de 700 jueces y magistrados federales que operan en el país.

A diferencia de lo que ocurría en años anteriores ahora no ha sido necesaria la presentación de quejas administrativas en contra de los juzgadores para el inicio de los respectivos actos de fiscalización.

La Judicatura cuenta con el apoyo y colaboración de diversas instancias gubernamentales.