Su aliado estrategico

Seguridad, justicia y prevención: la triada indisoluble

Con la instauración del nuevo sistema de justicia penal (acusatorio y adversarial), el rediseño del sistema de seguridad pública y la inclusión del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2014-2018, se terminó de construir la triada con la que el Estado y la sociedad mexicana esperan contar con una eficaz procuración y administración de justicia penal.

A riesgo de parecer reiterativo, he de recordar que la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal de 2008 incorpora a la agenda nacional el tema de la prevención social del delito que, como política pública, tiene la responsabilidad de crear las condiciones que contribuyen a inhibir la aparición de conductas delictivas en las comunidades y detectar con oportunidad la formación y/o actividad de grupos delictivos. Ambos componentes, en su aplicación y resultados, están llamados a constituirse en puntales de la lucha contra la delincuencia organizada, la violencia que provoca y la cultura que se le asocia.

Por estas razones, soy de la opinión de que con la instauración del nuevo sistema de justicia penal (acusatorio y adversarial), el rediseño del sistema de seguridad pública y la inclusión del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2014-2018, a partir de abril de este año, se terminó de construir la triada indisoluble con la que el Estado y la sociedad mexicana han dado respuesta al reclamo colectivo de contar con una eficaz procuración y administración de justicia penal para combatir los factores que generaron la crisis de seguridad y restablecer las condiciones de estabilidad y tranquilidad que requerimos para el ejercicio de nuestros derechos.

De los avances asociados a la instauración del sistema de justicia penal y la reforma sobre seguridad pública ya hemos hablado en otras ocasiones, dando cuenta de algunos importantes avances y poniendo en la mesa de discusión nuestro reclamo porque se atiendan los rezagos existentes en la materia y se inicien las tareas postergadas para cumplir con los tiempos constitucionales establecidos para la operación integral del nuevo sistema reformado, a partir de 2016.

En materia de prevención social del delito y la delincuencia, sabemos que el Programa Nacional en la materia fue elaborado a partir de un diagnóstico sobre los índices de violencia, delincuencia y percepción de inseguridad que se han experimentado en el país durante los últimos años, destinándos e , durante 2014, 131 mil millones de pesos para operar 51 programas federales que incluyen acciones encaminadas a: “incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y los actores sociales” en la prevención de este flagelo; a “reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia en las poblaciones consideradas como prioritarias” por sus altos índices delictivos, y a “generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana”, bajo un enfoque cifrado en el fortalecimiento de las capacidades institucionales que en ese ámbito tienen los tres órdenes de gobiernos y en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Un aspecto importante a destacar en el Programa es la centralidad que cobra la atención que se presta a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, al considerarse que este sector de la sociedad enfrenta el doble riesgo de ser víctimas y victimarios de la violencia, al verse afectados por las precarias condiciones de vida que un amplio sector de ellos enfrenta, la violencia comunitaria a la que se encuentran expuestos, la participación en pandillas, el consumo de drogas, la desintegración familiar, marginación o exclusión laboral. Factores que ligados a situaciones de embarazo prematuro y desmotivación escolar, han generado un severo problema de deserción y fracaso escolar en la Educación Media Superior.

Razón suficiente para saludar los esfuerzos que se realizan para proteger a nuestros adolescentes a partir de programas como el de Escuela Segura, contra el abandono escolar, para la prevención de adicciones y de la violencia en planteles y comunidades aledañas a éstos, entre otros más; pues con ello se advierte la pertinencia de los cuidados que se brinda a este sector de la población en materia de prevención y atención a conductas de riesgo, de donde emergen y se alimentan las conductas delictivas en 73 municipios prioritarios, y se concentra el 59% de la incidencia delictiva del fuero común, de acuerdo con datos del Segundo Informe de Gobierno.

No obstante, no podemos dejar de llamar la atención sobre la ausencia de programas de atención específica para jóvenes mayores de 25 a 34 años de edad, que en un buen porcentaje son profesionistas y egresados de las universidades e institutos de estudios superiores, pues de acuerdo con datos de la OCDE, México ocupa los primeros lugares entre las naciones con tasas de desempleo entre la población con mayores estudios, con un 4.8% de quienes concluyeron este trayecto de formación educativa. Situación que resulta alarmante, si consideramos que la delincuencia organizada suele nutrir sus filas de estos jóvenes profesionistas que, al enfrentarse a la situación de no contar con incentivos de reconocimiento social ni satisfactores reales para emanciparse del seno familiar y vivir su vida de manera independiente, se encuentran en riesgo de ser cooptados por estos grupos delincuenciales o, dado lo extendido de la cultura del crimen en nuestro país, suelen emprender actividades delictivas para satisfacer las expectativas y necesidades que el gobierno y la sociedad no han logrado proporcionarles. En este sentido, podemos señalar que ya existen casos documentados de jóvenes profesionistas y estudiantes que han incurrido en esas prácticas (C1, C2, C3).

Si bien es de celebrarse la voluntad expresada en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia, de centrar sus acciones en el fortalecimiento de lo que se ha dado en llamar el tejido social y la cohesión comunitaria, mediante la participación de la ciudadanía, las OSC, las instancias e instituciones del Administración Pública y los tres órdenes de gobierno, es importante entender que la delincuencia organizada representa una amenaza extendida que afecta múltiples aspectos de la vida de las personas, incluyendo su seguridad física y patrimonial, así como las expectativas de vida de todo el conjunto social. Por ello, es importante atender las demandas laborales, educativas y culturales de nuestros jóvenes, a fin de construir las condiciones de bienestar y seguridad que les ofrezcan la certeza de un presente y un futuro prometedor. En esa tarea estamos llamados a participar todos los mexicanos, sin excepción de nadie.

@Alejandro_Marti