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Circular 715-2019

TRANSFORMACIÓN LABORAL

Reporte semanal 26 de julio

“El viejo sindicalismo y las nuevas reglas del juego"

El viejo sindicalismo tradicional y los llamados sindicatos independientes no se resignan a las nuevas reglas del juego. Quieren que se revisen porque no están de acuerdo con lo que consideran una injerencia del gobierno en la vida de las organizaciones y porque no aceptan que el pago de las cuotas sea voluntario.

El derecho de los trabajadores a decidir si pagan o no la cuota que su sindicato fije, como establece la ley desde el pasado primero de mayo, tiene alarmados a los líderes pues lo consideran un peligro, ya que sin esos recursos las agrupaciones, aseguran, simplemente se extinguirán.

Este es el principal punto de un catálogo de quejas que los dirigentes expusieron en el Parlamento Abierto organizado por el Senado de la República, y cuyas conclusiones deberán ser incluidas en una relatoría que servirá de base para la elaboración de un programa legislativo, y una segunda fase de la reforma laboral, en el próximo periodo ordinario del Congreso.

Pero se ve difícil y complicado que la reforma sea sometida a una nueva reforma. O por lo menos eso no ocurrirá en tanto el T-MEC no sea ratificado por Canadá y principalmente por Estados Unidos.

Los avances de la actual reforma fueron explicados por la Secretaría del Trabajo a la comitiva de Estados Unidos, integrada por demócratas y republicanos que supervisaron su instrumentación, la semana pasada.

En el Senado, en el Parlamento Abierto, durante tres días, empresarios, líderes sindicales, abogados, legisladores y académicos, discutieron los temas de libre sindicación y negociación colectiva, justicia laboral, igualdad laboral y la regulación de la subcontratación, con la idea de darle continuidad a la discusión sobre la nueva legislación.

Los líderes, en realidad, buscan hacer un frente para contrarrestar los efectos de la nueva ley. Poco a poco se va creando un entorno complicado de conflictos sindicales: la decisión de desplazar al dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps; la denuncia en contra del dirigente de los ferrocarrileros, Víctor Flores; la alarma y temor por el desplazamiento de un sector de los trabajadores de la industria aeronáutica, como resultado de la autorización oficial a que Emirates Airlines vuele rutas que la empresa Aeroméxico tenía concesionadas; y la posibilidad de que las nuevas disposiciones legales provoquen confusión a la hora de dirimir los conflictos.

Flores ha sido acusado de descontar ilegalmente el 1.0 por ciento sobre la pensión mensual de los ex trabajadores, desde hace 18 años. Desde mayo pasado, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) eliminó oficialmente ese cobro.

A la sesión del Senado, que congregó a los principales líderes del sindicalismo, faltó el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps. Unas horas antes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, presentó nuevas denuncias en su contra y en contra de seis de sus familiares por enriquecimiento inexplicable.

Todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, este dirigente se había convertido en el prototipo del líder sindical intocable, era parte del engranaje corporativo, corrupto, antidemocrático y estuvo involucrado en el desvío de dinero de Pemex hacia campañas políticas.

Para el actual gobierno, Carlos Romero Deschamps y Víctor Flores son el modelo de líder al que se tiene que combatir. Les han ido cerrando el cerco. El abogado de Romero Deschamps, Juan Collado, fue detenido el 9 de julio cuando ambos comían. En los minutos siguientes del operativo policiaco se creó una confusión porque se pensó que iban por el dirigente sindical.

Durante la semana que termina, los rumores de su destitución han alimentado todavía más la efervescencia entre los petroleros, animándolos a conformar grupos que buscan sus respectivos registros sindicales. Hubo una organización que llegó a informar de la expulsión de Romero Deschamps del sindicato.

Hasta el presidente de la República aportó su parte. Informó el martes 23 de julio que en la revisión del Contrato Colectivo con el sindicato de Pemex ya no habrá “privilegio para los dirigentes” sindicales. Se tendrán que ajustar a la política de austeridad.

Como se trata de una empresa del Estado, seguramente se aplicarán esos criterios. Además está muy documentado que los líderes de ese sindicato, hasta la fecha, se han beneficiado históricamente de las condiciones laborales y salariales más altas que cualquier otro caso. Los recursos les llegaban tanto de las cuotas sindicales como de las millonarias cantidades que las administraciones de Pemex le destinaban directamente.

Hasta ahora no ha habido dirigente sindical que lo haya defendido.

La problemática en la industria privada es otra. Los dirigentes de la CTM, de los mineros, de la COR, la CROC, la CROM, la UNT, los telefonistas, entre otros, plantearon abiertamente que se debe corregir en la ley lo relacionado con la posibilidad de que los trabajadores decidan no pagar las cuotas sindicales. ¿De qué se va a mantener el sindicato? Se preguntan. Carlos Aceves informó que buscará directamente al Presidente de la República para que intervenga, pues aseguró, “la CTM no tiene dinero”.

El otro gran tema planteado es el que tiene que ver con la organización interna de los sindicatos. No aceptan que se les diga qué deben contener sus estatutos y que la elección de los dirigentes tenga que ser por voto libre, secreto y directo. “Se está yendo más allá, tanto de la reforma constitucional como de los convenios de la OIT y el anexo 23 del T-MEC”, sostienen.

Y el otro tema que está presente y se pretende convertir en el principal objetivo para la próxima sesión ordinaria del Congreso, es el relacionado con el esquema de la subcontratación. Los asistentes al Parlamento Abierto, se pronunciaron a favor de regular el outsourcing en México. Es impostergable, dijeron, una regulación específica para la subcontratación. Esa tiene que ser una segunda fase de reformas laborales.

Se pronunciaron, por ejemplo, por una definición jurídica clara de la subcontratación y que se desarrolle una certificación para las empresas que se dedican a este giro. Una propuesta concreta fue que contenga 120 variables las cuales servirían para que las organizaciones comprueben el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el respeto de los derechos de los trabajadores.

Se ve distante la posibilidad de que los legisladores se concentren en estos aspectos, si se toma en cuenta que el periodo ordinario estará acaparado por la elaboración de los presupuestos de Egresos e Ingresos de la Federación para 2020.